La Ley 21.663 establece un nuevo escenario para la ciberseguridad en Chile, incorporando obligaciones orientadas a la prevención, gestión y reporte de incidentes de seguridad.
Este contexto obliga a las organizaciones a mirar la ciberseguridad empresarial como un componente estratégico y no únicamente como una responsabilidad del área TI. La identificación de riesgos, protección de activos críticos y preparación ante incidentes deben formar parte de una gestión permanente.
Los ciberataques, filtraciones de información y ataques ransomware pueden generar interrupciones operacionales, pérdidas económicas y daños reputacionales. Por ello, anticiparse a las amenazas resulta fundamental.
Una evaluación de Audit & Compliance puede ayudar a determinar el nivel actual de cumplimiento y madurez de una organización. Complementariamente, un GAP Analysis permite identificar diferencias entre las capacidades existentes y los controles que deberían implementarse.
La seguridad cibernética también requiere establecer procedimientos para responder frente a incidentes. Contar con un Incident Response Plan permite definir responsabilidades, acciones y mecanismos de recuperación antes de que ocurra una emergencia.
En este nuevo escenario regulatorio, las ciberseguridad empresas deben evolucionar hacia modelos preventivos, capaces de identificar vulnerabilidades y gestionar riesgos de manera continua.
Cumplir con la normativa es importante, pero desarrollar una cultura de ciberseguridad empresarial permitirá a las organizaciones estar mejor preparadas frente a las amenazas actuales y futuras.
