La protección de datos adquiere un nuevo nivel de importancia para las empresas chilenas con la entrada en vigencia de la Ley 21.719. La normativa establece nuevas obligaciones relacionadas con el tratamiento y resguardo de los datos personales, haciendo necesario revisar cómo las organizaciones gestionan su información.
Para las empresas, adaptarse no debería limitarse al cumplimiento legal. La privacidad de datos debe integrarse dentro de una estrategia de ciberseguridad para empresas, considerando controles de acceso, gestión de riesgos, protección de información y capacidad de respuesta frente a incidentes.
Uno de los principales desafíos consiste en conocer qué información posee la organización, dónde está almacenada, quién puede acceder a ella y qué medidas existen para protegerla frente a filtraciones o accesos no autorizados.
En este contexto, herramientas como un GAP Analysis permiten identificar brechas y oportunidades de mejora, mientras que una estrategia integral de seguridad de la información ayuda a establecer controles adecuados para proteger los activos críticos.
La Ley 21.719 representa así una oportunidad para avanzar hacia una verdadera protección digital, donde cumplimiento y ciberseguridad trabajen conjuntamente para reducir riesgos y fortalecer la confianza de clientes y colaboradores.
